------------------- Diputados aprueba modificación del Sistema Normativo Penal
Luego de un exhaustivo análisis, más de dos tercios de los asambleístas plurinacionales avalaron las nuevas reformas al Sistema Normativo Penal, que fueron consideradas de “inminente necesidad” dado el nuevo rol del Estado Plurinacional de Bolivia, donde se debe establecer reglas claras en el ámbito de protección a las personas y sus familias.
La norma tuvo modificaciones de forma, que no alteran su esencia y consta de cuatro artículos, una disposición final, una abrogatoria y otra derogatoria. En general, la norma establece modificaciones a la Ley 1.970 del Código de Procedimiento Penal, del 25 de marzo de 1999, en sus artículos 11, 53, 54, 210, 222, 223, 226, 233, 234, 235 ter, 239, 240, 242, 243, 252, 253, 300, 301, 321, 323, 325 y 392.
Otra de las reformas sustanciales en su artículo 53 establece que: “Los jueces de sentencia son competentes para conocer la sustanciación y resolución de los juicios por delitos de acción privada, los juicios por delitos de acción pública sancionados con pena no privativa de libertad o con pena privativa de libertad cuyo máximo legal sea de cuatro o menos años”.
De la misma manera, “los juicios por delitos de acción pública flagrantes, conforme al procedimiento inmediato, previsto en este Código y el procedimiento para la reparación del daño, cuando se haya dictado sentencia condenatoria”.
Las modificaciones se extienden a la Ley 1.768 del Código Penal, del 10 de marzo de 1997, modificando los artículos 145, 153, 174, 177 bis, con sus reformas anteriores. Así también, determina su alcance a la Ley 2.298 de Ejecución Penal y Supervisión.
Penalización y resarcimiento
“Las modificaciones que se incorporan son a las medidas cautelares y para una mayor protección a las víctimas de delitos, porque ésta se encuentra desprotegida con el (actual Código de) Procedimiento Penal”, dijo la presidenta de la Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, Cecilia Ayllón al recordar que las modificaciones al Sistema Penal boliviano, como iniciativa del Órgano Ejecutivo, es una ley que requiere de inmediato el pueblo boliviano.
Ayllón confirmó que la nueva normativa establece medidas cautelares más “drásticas”, efectivizando la justicia y posibilitando que los delincuentes sean sometidos a verdaderos procesos, “no como hasta ahora que salgan en libertad y que de pronto sean reincidentes”.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral, Juan Carlos Cejas, dijo que a partir de ahora se constituye una nueva institución jurídica, dando énfasis a la sanción de los delitos en flagrancia, que ahora tendrán celeridad en los procesos judiciales.
“En síntesis, son varios artículos que se modificaron, lo que se busca es velar ampliamente por la seguridad ciudadana en todo el país”, dijo el asambleísta al explicar que el artículo 173, que tipifica el “Delito de Prevaricato”, fue suprimido por estar incorporado en la nueva Ley de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz”.
Respecto al Código Penal, la nueva norma explicita que las medidas serán más drásticas en los delitos que cometan los Servidores Públicos, con penas que van desde la privación de libertad de cinco a diez años; con especial énfasis en lo que concierne a la máxima autoridad, establecido en el artículo 153, sobre “Resoluciones Contrarias a la Constitución Política del Estado y a las Leyes”.
Con relación al Código Civil, la norma pretende que las medidas cautelares de carácter real puedan ser más efectivas y, de esa manera, las víctimas puedan lograr el resarcimiento del daño civil ocasionado por la actividad delincuencial, en cualquiera de sus variedades.
Oposición
La propuesta que también recoge las demandas y observaciones de los colegios de abogados, universidades, Defensoría del Pueblo y diversas instituciones, generó dudas en la oposición legislativa, calificándola como una “Ley parche”, entre las muchas que propone el Órgano Ejecutivo.
“El Prólogo de la nueva Constitución Política del Estado (CPE) es muy claro, al sostener que estamos refundando Bolivia; supone que debemos refundar el sistema legislativo boliviano y para eso ustedes -como oficialistas- deberían tener una propuesta (de ley) clara, coherente y progresiva”, expresó la asambleísta opositora Mirtha Arce (PPB-CN), al insistir que se debería construir un nuevo Código de Procedimiento Penal y “no saturar de parches la Ley”.
Criterios que fueron respaldados por la también opositora Norma Piérola (PPB-CN), que afirmó que existen algunos vacíos legales y necesariamente se necesita construir “una Ley integral”, que resuelva problemáticas latentes como la inseguridad ciudadana, que pone en riesgo la vida de muchas bolivianas y bolivianos.
